Si bien en los últimos años se presentaron diversos proyectos, aún no existe una ley nacional que promueva la responsabilidad social en empresas y organizaciones del sector público. El antecedente más cercano es Mendoza, que en 2012 sancionó su propia Ley de Responsabilidad Social. ¿Qué sucede en el mundo?

Los debates en torno a una Ley de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) son y seguirán siendo numerosos. Para muchos sectores y estudiosos del tema, no debería existir una reglamentación al respecto ya que el carácter voluntario de la RSE es uno de sus grandes fundamentos.

Para otros, en cambio, la sanción de una ley ayudaría a amplificar el alcance de esas prácticas, impactando en sectores que quizá tienen menos predisposición a mostrarse plenamente activos en el terreno socioambiental.

¿Qué es la Responsabilidad Social Empresarial (RSE)?

A grandes rasgos, podría decir que la Responsabilidad Social Empresaria es el conjunto de acciones que las empresas llevan a cabo para lograr un impacto positivo en el conjunto de su comunidad, en la sociedad en general y también en el medio ambiente.

No se trata de caridad ni de filantropía, sino de una concepción muy diferente que obliga a todas las empresas a “hacerse cargo” de los impactos que por sí genera en una gran cantidad de actores y áreas.

A partir de esa toma de conciencia, la Responsabilidad Social Empresaria implica además una toma de posición activa, una decisión consciente y sostenida de crear impactos positivos.

Para muchos estudiosos, ese paradigma es el que rige a las empresas del nuevo milenio y quienes no se sumen a él, serán dejadas atrás. ¿Por qué? Porque tanto la sociedad en su conjunto como los propios consumidores de esta eran así lo demandan.

Debates en torno a una ley de Responsabilidad Social Empresarial

A partir de la gran crisis financiera global de 2008, los debates en torno a la responsabilidad social de las empresas han crecido de manera sostenido.

Entre ellos, emergió con fuerza un poderoso dilema: ¿deben los estados y gobiernos estar detrás de la RSE? Para muchos sectores, incluso de la propia política, eso sería un error. 

Suelen basarse en la propia declaración de principios de la Comisión Europea, que en su Libro verde de 2001 definió la responsabilidad corporativa como “la integración voluntaria, por parte de las empresas, de las cuatro preocupaciones sociales y medioambientales en sus operaciones comerciales y sus relaciones con sus interlocutores”.

Integración voluntaria, ahí parece estar la clave para muchos de los que realmente significa un paradigma de responsabilidad socioambiental.

Sin embargo, ya en los últimos años, la Unión Europea comenzó a mostrarse más decidida a exigir informes de sostenibilidad a todas las empresas de sus países miembro, ya sea que coticen en bolsa como no. 

Si bien esto puede leerse como una adecuación de normas con miras a los famosos Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS) 2030 de la ONU, hay quienes utilizan este giro para comenzar a hablar con mayor insistencia de reglamentaciones y leyes específicas.

La Argentina frente a una Ley de Responsabilidad Social Empresaria

En nuestro país existe un solo antecedente concreto, la aprobación en 2012 de la Ley (provincial) 8583 de Responsabilidad Empresaria en la Honorable Legislatura de Mendoza.

Su objetivo fue muy claro: “promover conductas socialmente responsables de las empresas y organizaciones en general”.

Para ello se fijó el marco jurídico del Balance de Responsabilidad Social y Ambiental Empresaria (BRSAE), el “instrumento para informar, medir y evaluar en forma clara, precisa, metódica, sistemática y principalmente cuantificada el resultado de la política social y ambiental de cada organización”.

Además, se fijaron una serie de beneficios para que las empresas cumplan con estos requisitos, ya sea exención de impuestos (cercana al 10%), prioridades en las contrataciones con el Estado provincial o un mayor acceso a líneas de crédito y financiación por parte de la provincia.

En el ámbito nacional, ya hubo varios intentos de formulación de ley y el más cercano fue el que presentó en 2017 el gobierno presidido por Mauricio Macri. Sin embargo, se trató de un caso bien diferente. Bautizada en los medios como “Ley de Responsabilidad Empresaria”, dicha legislación buscó otro fin: que las empresas, organizaciones y “personas jurídicas” también puedan ser juzgadas, condenadas y multadas en los casos de corrupción y otros delitos graves.  

La ley, aprobada por el Congreso de la Nación ese mismo año, incluso contempla la famosa teoría de los stakeholders -fundamental para la RSE- y extiende esa responsabilidad a “proveedores, contratistas, distribuidores y toda persona que tenga una relación contractual con la compañía”.

Si bien no se trata de una ley destinada a impactar en el ámbito de la responsabilidad socioambiental, sí puede ser considerado un importante antecedente de la visión del Estado sobre muchos de estos temas.